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Normativa de reporting no financiero: más allá de la CSRD y la propuesta ómnibus

¿Qué hay vigente actualmente a nivel europeo y español a nivel reporting no financiero?

La Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) aún sigue vigente a nivel europeo y se aplica a grandes empresas de “interés público” (PIEs) que cumplan con dos de los tres criterios siguientes:

  • Más de 500 empleados.
  • Cifra de negocio superior a 40 millones de euros.
  • Cifra total de activos en balance de 20 millones de euros.

Para las demás empresas, la CSRD entraba en vigor en 2025, con implementación escalonada.

En España, aún no se ha transpuesto la Directiva CSRD y sigue vigente la Ley de Información No Financiera y Diversidad (EINF), aplicando a empresas en territorio nacional que cumplan con dos de los tres criterios siguientes:

  • Tener más de 250 empleados.
  • Un volumen de negocios superior a 40 millones de euros.
  • Un activo total superior a 20 millones de euros.

No obstante, la CNMV ha recomendado seguir los estándares de la CSRD para aquellas empresas de “interés público” (PIEs).

Y entonces, ¿qué es la propuesta ómnibus y a quién afecta?

Presentada en febrero de 2025, la propuesta Ómnibus busca flexibilizar la CSRD y otras regulaciones de sostenibilidad para reducir la carga administrativa, especialmente para PYMEs.

Sus principales modificaciones incluyen:

  • Retraso en la implementación (“Stop the Clock”): Aprobado el 3 de abril, pospone dos años la aplicación de la CSRD para empresas no PIEs, trasladando su entrada en vigor a 2027.
  • Reducción del alcance: Se limitaría la obligación de reportar a empresas con más de 1.000 empleados, cifra de negocios superior a 50 millones de euros o activos de al menos 25 millones. Decisión prevista para finales de Q3 2025.
  • Simplificación de informes: Revisión de los requisitos de divulgación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS). Decisión prevista para finales de Q3 2025.
  • Taxonomía voluntaria: Solo obligatoria para empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros en negocio.
  • Limitación en la recopilación de datos: Solo se requerirá información de proveedores directos con más de 1.000 empleados.
  • Requerimientos de auditoría externa: Se mantendrían auditorías con aseguramiento limitado, eliminando el aseguramiento razonable.

La propuesta aún debe ser debatida en el Parlamento Europeo y podría sufrir modificaciones. Aunque se espera su adopción a finales de 2025, el debate sobre la reducción del alcance podría retrasar su aprobación.

La posición española frente a la propuesta Ómnibus fue mantener los criterios originales, demostrando que su apuesta por la regulación ESG sigue siendo estricta, pero aún queda por ver cómo será la transposición que España haga, en base a las decisiones que se tomen en Europa a partir de ahora. Dicha transposición no debería extenderse más allá de diciembre de 2025.

Impacto en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario, definitivamente podría verse afectado por estas modificaciones. Si bien la flexibilización puede reducir la carga de reporte, existe el riesgo de que algunas empresas disminuyan su compromiso con la sostenibilidad.

No obstante, la descarbonización sigue siendo un pilar estratégico para Europa. El Informe Draghi subraya que la descarbonización es una palanca fundamental para mejorar la competitividad de Europa en el futuro. Esto refuerza la idea de que no se espera una relajación de los requisitos en este ámbito, sino todo lo contrario.

Además, las normativas financieras y las expectativas del mercado continúan exigiendo que los activos sean sostenibles para acceder a mejores condiciones de crédito y atraer inversión. Por lo que los inversores y financiadores mantienen sus compromisos de descarbonización de carteras inmobiliarias.

La descarbonización como estrategia empresarial Inteligente y clave para la competitividad

Independientemente de las propuestas legislativas en curso, las empresas deben adoptar una visión a largo plazo en sus estrategias ESG. La descarbonización no solo responde a las obligaciones regulatorias, sino que también se está consolidando como una ventaja competitiva crucial en un mercado que valora cada vez más la sostenibilidad.

Herramientas como el análisis CRREM permiten a las empresas evaluar la obsolescencia potencial de sus activos, la necesidad de renovaciones y la planificación de las inversiones necesarias para acometerlas.

A su vez, la eficiencia energética no solo reduce costes operativos, sino que también mejora el rendimiento de los activos, creando una ventaja económica a largo plazo. Los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) son un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede tener un impacto directo en la cuenta de resultados, generando incentivos económicos para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa.

La Taxonomía de la UE sigue siendo el referente clave para determinar qué inversiones se consideran sostenibles y, por lo tanto, atractivas para los inversores y las certificaciones ESG como BREEAM o LEED siguen siendo un referente para usuarios e inquilinos.

A pesar de que el debate político sobre las normativas continúa, las empresas deben seguir avanzando, ya que la sostenibilidad no es solo una exigencia normativa, sino también una oportunidad estratégica para mejorar la competitividad.

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